Tecnología y competitividad

La revolución  de las TRICs supone oportunidades y desafíos para todos los países, regiones y actores del proceso económico. Sin embargo, a pesar del rápido desarrollo de la economía mundial estas últimas décadas, la desigualdad y la pobreza siguen afectando a un número ingente de personas.

La brecha tecnológica es uno de los grandes problemas a confrontar actualmente por la comunidad internacional. El hecho de que haya países productores de tecnología y en los que se puede aplicar aquella crea un mecanismo de desigualdad, puesto que la base tecnológica produce las relaciones sociales y termina configurando la dirección de la producción y consumo.

La tecnología es hoy el factor de producción más importante, aunque el aprovechamiento en términos de productividad y bienestar que proporciona requiere de una estructura y de unas instituciones en la sociedad favorecedoras del cambio y la difusión que tienen raíces profundas en la cultura, la historia y los hábitos.[1]

Para conocer la tendencia mundial de dichas estructuras, el papel de las revoluciones tecnológicas y su repercusión tanto institucional como en el sector empresarial, sigue leyendo aquí.

 

 

 

[1] Matesanz Gómez, David. (2013) “La globalización económica” Estructura Económica y Relaciones Internacionales Ed. 1, pp. 151-174

Reinventando el marco de la responsabilidad de la empresa multinacional como actor en la sociedad internacional

¿Dónde está la frontera entre la responsabilidad pública y privada en el ámbito de los Derechos Humanos?

Actualmente, asistimos a un cambio de paradigma en la manera de entender los Derechos Humanos. Ello no quiere decir que vayan a desaparecer o se vayan a convertir en otra cosa, sino que cada vez estamos más convencidos de la obsolescencia del modelo clásico nacido de las revoluciones francesa y norteamericana.

Dentro de la teoría general del Estado, G. Jellinek, a principios del siglo XX, plantea la caracterización de los Derechos Humanos como derechos públicos subjetivos. No obstante, hay ciertos hechos que parecen indicar que este modelo se queda corto. Algunos ejemplos reveladores son:

  • El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla no sólo de la titularidad de los medios de comunicación, sino también del derecho de los ciudadanos a recibir informaciones y opiniones. Este hecho contrasta con los medios de comunicación privados, entre los cuales, en principio, no hay censura, pero hay una confluencia de intereses demasiado cerrada como para que esos medios informen libremente. Google trasladó en 2010 su motor de búsqueda a Hong Kong para evitar la censura impuesta por el gobierno chino. No obstante, Cisco Systems ha sido acusado y afronta dos causas en el Distrito de Maryland y de California Norte por cooperación con el gobierno chino en la violación al derecho a la libertad ideológica, a la información y el secreto de las comunicaciones. Una demanda semejante se ha presentado contra Yahoo en el Distrito de Delaware. Es decir, se trata de medios libres, de empresas privadas; pero el ejercicio de la censura por parte de regímenes autoritarios no podría ser llevada a cabo sin su cooperación. Por tanto, en la frontera de lo público/privado hay un consorcio de intereses que sirve para imponer la censura.

En el momento en el que estos Derechos se definen, existen medios de comunicación libres. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, con el bombardeo de informaciones, de facto sabemos que no somos receptores de una información libre y veraz. Por ejemplo, una encuesta publicada por el Washington Post reveló que el 70% de los ciudadanos estadounidenses estaban convencidos de que Saddam Husseim estaba implicado en los atentados de las Torres Gemelas. Cualquier periodista serio sabe que eso no es cierto, pero la campaña de la Casa Blanca para tratar de justificar la guerra de Irak sistemáticamente difundió esta información y ningún periódico se atrevió a rebatirlo. No es que haya censura, pero en la práctica no llegó la información veraz a los ciudadanos.

  • Industria militar. A partir de la guerra de la ex Yugoslavia, y más tarde, de manera masiva, en la guerra de Irak, ciertas acciones militares fueron privatizadas. Hay empresas que se ocupan de estas actividades, de tal manera que las acusaciones por genocidio no se pueden dirigir contra los Estados. En 2011, Guinea Ecuatorial firmó un contrato con MPRI, una empresa de servicios militares dirigida por los colaboradores de D. Rumsfeld -el que fue Secretario de Defensa de EEUU en la época de los extraorinary renditions-, asesor actual de Guinea para la mejora de su historial de Derechos Humanos. MPRI había tenido el veto del gobierno de EEUU para participar en contratos internacionales de este estilo, hasta que lo levantó G. W. Bush durante su presidencia.

Otros ejemplos son el acaparamiento de tierras, las prospecciones forzosas de las empresas petrolíferas y la violación del derecho de los pueblos indígenas a elegir su propio modelo de desarrollo. El hecho de que haya síntomas de que la manera de delimitar el papel del Estado y el de las empresas está cambiando, nos obliga a replantear el modelo clásico de Derechos Humanos. Avanzamos a saltos según se produce algo que despierta la atención pública y ésta considera que no debe volver a ocurrir. Pero… ¿de qué pasado hablamos cuando decimos que los Derechos Humanos son enmiendas al mismo?

Hay una tesis tradicional retomada por Habermas que sostiene que la historia del reflejo constitucional de los Derechos Humanos es una enmienda al pasado de los países. Así, se entiende que todos los refugiados quieran ir a Alemania: el reconocimiento del derecho al asilo en Alemania es más generoso que en otros estados europeos, dado el gran volumen de desplazados tras la Segunda Guerra Mundial. Ello explica también que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no incluyera el derecho a la vida. Los revolucionarios mataron a mucha gente, por lo que no pensaron en reconocer una circunstancia como ésta. Para ellos, los Derechos Humanos se sintetizan en tres: la libertad, la igualdad y la resistencia a la opresión. Por su parte, la Constitución alemana no reconoce los derechos de participación política. Existe una legislación electoral donde todos los alemanes tienen derecho al voto, pero cuando se redactó la Constitución los Aliados estaban ocupando Alemania, por lo que la soberanía no la detentaban los alemanes.

Esto es lo que actualmente se está quedando corto. El hecho de que Naciones Unidas haya aprobado los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos tras el informe Ruggie, muestra cómo se está tomando conciencia de esta problemática y está siendo traducida normativamente. Las nuevas perspectivas encuentran dos cauces teóricos principales en los que asentarse, a saber:

    1. Doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales: no hace falta hacer un cambio en los derechos, sino en la manera en que entendemos cómo funcionan los mismos. Los derechos fundamentales no sólo deben ser los que regulen las relaciones individuo-estado, sino también las relaciones entre los propios particulares, lo que también atañe a las empresas. Esta tesis minoritaria puede respaldarse en algunos hitos destacables de la jurisprudencia constitucional alemana (1958) o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003).
    2. Tesis de Amartya Sen. En términos económicos, se ha definido el desarrollo como el incremento del PIB. Pero si un país tiene un alto PIB y su sistema educativo y sanitario es deficiente, no debería dársele el nombre de país desarrollado. Así, la reformulación del concepto de desarrollo dio como resultado el Índice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta otras muchas variables. Sin embargo, todo esto nos obliga a cambiar nuestro concepto hacia otra nueva definición de desarrollo, consistente en el incremento de la capacidad de decisión de los individuos. Desde el punto de vista subjetivo, esto supone una ampliación de los márgenes de elección del individuo, tanto públicos como privados. En este sentido, el desarrollo avanza paralelamente sobre lo público y lo privado.

En la declaración del derecho al desarrollo aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, desarrollo es, por tanto, un concepto integral que supone el pleno disfrute de los derechos humanos y, como tal, es una responsabilidad conjunta de organizaciones públicas y privadas.

 

Extracto de la ponencia de I. Aymerich en el marco del curso de verano “La empresa como modo de innovación social: la promoción de los derechos humanos en el comercio internacional”