El voto a la izquierda nacionalista en Euskadi

Tras las últimas elecciones autonómicas al Parlamento vasco, la irrupción de la formación Elkarrekin Podemos ha sido, cuanto menos, contundente. De los 75 escaños en juego, ha logrado obtener 11, sustituyendo al PSOE como principal partido de la izquierda.[1] Sin embargo, Euskadi es una de las Comunidades Autónomas donde la competición partidista gira en torno a dos ejes; a saber, el eje nacionalista y el eje izquierda-derecha.[2] Por ello, la presencia de EH Bildu es más que significativa: su discurso claramente nacionalista busca atraer el voto de aquéllos electores favorables al autogobierno, pero que no se sienten ideológicamente representados por EAJ-PNV y su tono más conservador.

Este escenario induce a pensar que dentro del eje ideológico ha surgido una gran pugna por el voto de la izquierda. Pero, (H1) ¿son los votantes de Elkarrekin Podemos más de izquierdas que los votantes de EH Bildu?

Seguir leyendo aquí

 

[1] De hecho, algunos académicos basan dicho éxito en el manejo por Elkarrekin Podemos de la cuestión territorial. Cf.  Pérez Nievas, S. y García-Gil, A. “Los dilemas de PSOE y Podemos en la cuestión territorial, Piedras de papel (El Diario), 16 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/dilemas-PSOE-Podemos-cuestion-territorial_6_568753133.html [Consultado el 26 de octubre de 2016]

[2] Albertos, J. F. (2002). Votar en dos dimensiones: el precio del nacionalismo y la ideología en el comportamiento electoral vasco, 1993-2001. Revista Española de Ciencia Política, (6), 153-181.

El papel del Estado-nación en la globalización

El término globalización hace referencia a la salida de lo político del marco del Estado-nación. Con una nueva retórica de este fenómeno, que incluye la mundialización de la economía, de los mercados, y de las distintas corrientes en el ámbito financiero y tecnológico, es posible que instituciones que parecían cerradas a la configuración política estallen, abriéndose al nuevo panorama mundial[1].

De esta forma, asistimos al conflicto existente entre las decisiones democráticas a nivel nacional y las decisiones tecnocráticas a nivel supranacional[2]; donde la combinación entre democracia, soberanía nacional y globalización parece un ideal más que una realidad concreta.

Con este escenario de fondo… ¿qué puede esperarse del Estado-nación como actor en el contexto internacional?

Para ver su papel tanto en el ámbito institucional supranacional, como en el ámbito interno -en este caso, en momentos de crisis como la actual-, sigue leyendo aquí.

 

[1] Beck, U. (1998) “¿Qué significa la globalización? Dimensiones, controversias y definiciones”.  ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. pp. 45-91

[2] Rodrik, D. (2011). La paradoja de la globalización. Antoni Bosch Ed. S. A.

Reinventando el marco de la responsabilidad de la empresa multinacional como actor en la sociedad internacional

¿Dónde está la frontera entre la responsabilidad pública y privada en el ámbito de los Derechos Humanos?

Actualmente, asistimos a un cambio de paradigma en la manera de entender los Derechos Humanos. Ello no quiere decir que vayan a desaparecer o se vayan a convertir en otra cosa, sino que cada vez estamos más convencidos de la obsolescencia del modelo clásico nacido de las revoluciones francesa y norteamericana.

Dentro de la teoría general del Estado, G. Jellinek, a principios del siglo XX, plantea la caracterización de los Derechos Humanos como derechos públicos subjetivos. No obstante, hay ciertos hechos que parecen indicar que este modelo se queda corto. Algunos ejemplos reveladores son:

  • El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla no sólo de la titularidad de los medios de comunicación, sino también del derecho de los ciudadanos a recibir informaciones y opiniones. Este hecho contrasta con los medios de comunicación privados, entre los cuales, en principio, no hay censura, pero hay una confluencia de intereses demasiado cerrada como para que esos medios informen libremente. Google trasladó en 2010 su motor de búsqueda a Hong Kong para evitar la censura impuesta por el gobierno chino. No obstante, Cisco Systems ha sido acusado y afronta dos causas en el Distrito de Maryland y de California Norte por cooperación con el gobierno chino en la violación al derecho a la libertad ideológica, a la información y el secreto de las comunicaciones. Una demanda semejante se ha presentado contra Yahoo en el Distrito de Delaware. Es decir, se trata de medios libres, de empresas privadas; pero el ejercicio de la censura por parte de regímenes autoritarios no podría ser llevada a cabo sin su cooperación. Por tanto, en la frontera de lo público/privado hay un consorcio de intereses que sirve para imponer la censura.

En el momento en el que estos Derechos se definen, existen medios de comunicación libres. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, con el bombardeo de informaciones, de facto sabemos que no somos receptores de una información libre y veraz. Por ejemplo, una encuesta publicada por el Washington Post reveló que el 70% de los ciudadanos estadounidenses estaban convencidos de que Saddam Husseim estaba implicado en los atentados de las Torres Gemelas. Cualquier periodista serio sabe que eso no es cierto, pero la campaña de la Casa Blanca para tratar de justificar la guerra de Irak sistemáticamente difundió esta información y ningún periódico se atrevió a rebatirlo. No es que haya censura, pero en la práctica no llegó la información veraz a los ciudadanos.

  • Industria militar. A partir de la guerra de la ex Yugoslavia, y más tarde, de manera masiva, en la guerra de Irak, ciertas acciones militares fueron privatizadas. Hay empresas que se ocupan de estas actividades, de tal manera que las acusaciones por genocidio no se pueden dirigir contra los Estados. En 2011, Guinea Ecuatorial firmó un contrato con MPRI, una empresa de servicios militares dirigida por los colaboradores de D. Rumsfeld -el que fue Secretario de Defensa de EEUU en la época de los extraorinary renditions-, asesor actual de Guinea para la mejora de su historial de Derechos Humanos. MPRI había tenido el veto del gobierno de EEUU para participar en contratos internacionales de este estilo, hasta que lo levantó G. W. Bush durante su presidencia.

Otros ejemplos son el acaparamiento de tierras, las prospecciones forzosas de las empresas petrolíferas y la violación del derecho de los pueblos indígenas a elegir su propio modelo de desarrollo. El hecho de que haya síntomas de que la manera de delimitar el papel del Estado y el de las empresas está cambiando, nos obliga a replantear el modelo clásico de Derechos Humanos. Avanzamos a saltos según se produce algo que despierta la atención pública y ésta considera que no debe volver a ocurrir. Pero… ¿de qué pasado hablamos cuando decimos que los Derechos Humanos son enmiendas al mismo?

Hay una tesis tradicional retomada por Habermas que sostiene que la historia del reflejo constitucional de los Derechos Humanos es una enmienda al pasado de los países. Así, se entiende que todos los refugiados quieran ir a Alemania: el reconocimiento del derecho al asilo en Alemania es más generoso que en otros estados europeos, dado el gran volumen de desplazados tras la Segunda Guerra Mundial. Ello explica también que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no incluyera el derecho a la vida. Los revolucionarios mataron a mucha gente, por lo que no pensaron en reconocer una circunstancia como ésta. Para ellos, los Derechos Humanos se sintetizan en tres: la libertad, la igualdad y la resistencia a la opresión. Por su parte, la Constitución alemana no reconoce los derechos de participación política. Existe una legislación electoral donde todos los alemanes tienen derecho al voto, pero cuando se redactó la Constitución los Aliados estaban ocupando Alemania, por lo que la soberanía no la detentaban los alemanes.

Esto es lo que actualmente se está quedando corto. El hecho de que Naciones Unidas haya aprobado los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos tras el informe Ruggie, muestra cómo se está tomando conciencia de esta problemática y está siendo traducida normativamente. Las nuevas perspectivas encuentran dos cauces teóricos principales en los que asentarse, a saber:

    1. Doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales: no hace falta hacer un cambio en los derechos, sino en la manera en que entendemos cómo funcionan los mismos. Los derechos fundamentales no sólo deben ser los que regulen las relaciones individuo-estado, sino también las relaciones entre los propios particulares, lo que también atañe a las empresas. Esta tesis minoritaria puede respaldarse en algunos hitos destacables de la jurisprudencia constitucional alemana (1958) o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003).
    2. Tesis de Amartya Sen. En términos económicos, se ha definido el desarrollo como el incremento del PIB. Pero si un país tiene un alto PIB y su sistema educativo y sanitario es deficiente, no debería dársele el nombre de país desarrollado. Así, la reformulación del concepto de desarrollo dio como resultado el Índice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta otras muchas variables. Sin embargo, todo esto nos obliga a cambiar nuestro concepto hacia otra nueva definición de desarrollo, consistente en el incremento de la capacidad de decisión de los individuos. Desde el punto de vista subjetivo, esto supone una ampliación de los márgenes de elección del individuo, tanto públicos como privados. En este sentido, el desarrollo avanza paralelamente sobre lo público y lo privado.

En la declaración del derecho al desarrollo aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, desarrollo es, por tanto, un concepto integral que supone el pleno disfrute de los derechos humanos y, como tal, es una responsabilidad conjunta de organizaciones públicas y privadas.

 

Extracto de la ponencia de I. Aymerich en el marco del curso de verano “La empresa como modo de innovación social: la promoción de los derechos humanos en el comercio internacional”

 

Cómo los gobiernos espían a los ciudadanos en Internet

Sourced through Scoop.it from: www.omicrono.com

¿Quién se asegura de que un gobierno no abuse de estos medios para espiar a sus ciudadanos de forma arbitraria o para seguir en el poder, quién está vigilando a los vigilantes?

El uso de FinFisher por gobiernos como el español. Los límites entre la vida privada y la seguridad nacional.

Redes sociales, jóvenes y política: el futuro de la democracia

Al hablar del entorno digital, se hace referencia a un ecosistema diferente al analógico. Como acertadamente señalaba M. McLuhan, los medios son la prolongación de los sentidos y el ecosistema digital es un ágora global y universal. En este ámbito se habla del cuarto entorno, caracterizado por una ubicuidad propia (espacio y tiempo diferentes al físico), una propiedad holística (es decir, abarca a toda persona; va desde lo cognitivo a lo emocional y lo social), e incorpora dos realidades: una presencial y otra virtual.

El estudio de la Fundación Telefónica de 2015 muestra cómo el 78% de los jóvenes accede todos los días a las redes sociales, dando preferencia a la mensajería instantánea. En este sentido, los jóvenes de 16 a 24 años son los más propensos a compartir información personal en las redes sociales. Por su parte, el informe de AIMC de 2015 constata que los usuarios de 35 a 45 años llegaron a Facebook en 2013, haciendo que los jóvenes (probablemente sus propios hijos), pierdan el interés en mantener sus perfiles en dicha red social, potenciando el uso de otras aplicaciones de mensajería instantánea como Snapchat, Ask, Tinder o Instagram. El grupo de 16 a 24 años utiliza internet principalmente para participar en las redes sociales, realizar actividades educativas, descargar softwares y consultar Wikipedia. Por el contrario, en el segmento por encima de dicho grupo (25-34 años) las búsquedas en internet se enfocan más hacia el empleo. El 46,1% de los jóvenes usuarios habituales de Internet y redes sociales afirman desconfiar en la política convencional. Sin embargo, éstos son cada vez más conscientes de los problemas sociales, aumentando exponencialmente su disposición para llevar a cabo acciones de política no convencional.

Cuando se habla de participación política resulta interesante hablar de público como visibilidad y representación; hablar de política como un estadio de poder y de opinión pública. Para los jóvenes la política viene dada por un factor relacional: la competencia entre pares es un rasgo fundamental de la psicología juvenil. Siguen el dogma de ver es ser visto. La exclusión del joven por carecer de redes sociales es especialmente sensible.

La política puede darse para la red, en la red y desde la red. La política para la red implica procesos que buscan incidir en aquellos reglamentos, normativas o intentos de cierre donde la propia red es el espacio afectado. Por su parte, la política en la red se refiere a los procesos que entienden la red como una herramienta capaz de mejorar u optimizar estructuras institucionales ya existentes. Por último, la política desde la red implica el uso de la red como un espacio del que emergen formas de organización, deliberación y puesta en práctica de soluciones que conforman una nueva institucionalidad. Sin embargo, todos estos procesos necesitan de una paralela parte formativa. En este sentido, la interactividad juega un papel esencial. Como ámbito propio de la comunicación digital, la interactividad depende tanto del dispositivo que actualiza o ejecuta el usuario, como del propio usuario, que también tiene poder de interactuar (J.L. Orihuela).

Según un informe de INJUVE 2015, el sistema político es visto por los jóvenes como un mero conjunto de instituciones sin ningún tipo de legitimidad institucional. Los jóvenes cada vez demandan más respuestas concretas frente a instituciones estáticas que dicen no representarles. Existe una nueva esfera pública que ha cambiado las relaciones de poder, que vienen determinadas por una oligarquía minoritaria de influenciadores, lo cual tiene coherencia si tenemos en cuenta que el 95% de la población española es digitalmente analfabeta.

Para mayor información, visite el blog del Prof. José Antonio Gabelas Barroso.

Extracto del uda ikastaroak “La política twitteada: el alcance de la participación ciudadana a través de las redes sociales“, intervención de José Antonio Gabelas Barroso, Profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Zaragoza. Investigador en Social Media y Comunicación.

Dispositivos móviles y transformación de la política

Tradicionalmente, el poder ha estado relacionado con los atributos de tamaño y posición. Sin embargo, en una sociedad crecientemente conectada, tamaño y posición dejan de ser tan determinantes, aunque siguen siendo cualidades importantes del poder.

La actual emergencia del poder relacional se basa en el poder emanado de las relaciones interpersonales. Se trata de una jerarquización con nuevas lógicas. Según esta hipótesis, quien tiene más relaciones tiene más influencia o poder. El símbolo de este poder es un dispositivo individual: el dispositivo móvil. Esta herramienta de emancipación personal atraviesa todo tipo de culturas, religiones y “desarrollos”. En menos de 10 años, este tipo de dispositivos han cambiado radicalmente nuestra vida, creando el nuevo mobile lifestyle.

Este fenómeno afecta a la política a través de lo que se ha denominado tecnopolítica. Este término, relacionado directamente con la acción política, la comunicación y la gestión política mediante la tecnología, sitúa al individuo y sus comunidades en el centro de la práctica política. En este sentido, introduce la nota innovadora de individualización. Además, la tecnopolítica obliga a repensar el ámbito de lo geográfico, pues gracias a aquélla, se han creado nuevos territorios en una geografía social con fronteras difusas. Actualmente, conocer la comunidad en la que se mueve el individuo es más útil que saber dónde vive. Emerge en este contexto el territorio digital, que transciende todo espacio y tiempo físico.

La política convencional descansa en un método que categoriza la realidad en términos de la condición del electorado. Por su parte, la tecnopolítica fija su foco de atención en los intereses de la ciudadanía. Esto supone un gran avance, dado que los intereses se vinculan en mayor medida con las emociones y la identidad -vinculación comunitaria y afectiva-. Asimismo, la tecnopolítica permite romper con la estructura secuencial de la política, donde unos piensan, otros analizan y otros comunican. Se pasa así de un organigrama a un ecosistema digital relacional, que modifica las reglas del juego y crea el terreno donde se producen las transformaciones sociales más importantes: sedes vs. redes, casas vs. causas, etc.

Territorio social, red y causa son nuevos elementos que nos han permitido repensar la política. En este sentido, la comunicación en la tecnopolítica se torna esencial para la creación de intereses, operando en un campo estratégico para la construcción de mayorías. La diversidad del hecho comunicativo para explicar la política es el factor que mejor explica este fenómeno, que es insustituible para la creación de nuevos territorios, nuevas redes y nuevas causas. El activismo es, por tanto, el resultado de este proceso: no se trata de supporters, ni de seguidores o repetidores, ni hay que esperar ni pedir permiso. El militante espera una instrucción y un encuadramiento, mientras que el nuevo activista genera sus propias secuencias. Por ello, existen brotes de innovación política en la tecnopolítica, donde se desarrollan dinámicas de emancipación, de creación e innovación más activas, protagonistas y fuertes emocionalmente.

Una nueva demoscopia basada en las opiniones, las búsquedas, los intereses y el consumo crea un mundo más rico en términos de análisis de tendencias y medición, más completo y complejo. El interés (búsquedas) puede ser el dato revelador de nuestras intenciones de voto, en detrimento de nuestras condiciones físicas (dónde vivimos, cuánto ganamos, qué edad tenemos, etc.). De igual manera, nuestras preferencias, manifestadas a través del consumo, pueden ser también un dato determinante (por ejemplo, las encuestas de Starbucks USA nunca se equivocan al elaborar encuestas sobre las elecciones presidenciales, basado en las tazas vendidas con la cara de cada candidato). Las convicciones y las creencias (autochecking y mercados predicción) son materia prima muy significativa para predecir el voto, más allá de lo que la persona quiera manifestar verbalmente. En este sentido el Big Data y el microtargeting cumplen un papel revelador.

Por su parte, los partidos políticos tradicionales no están diseñados para aprender, sino para la colonización, para ocupar el tiempo y el espacio de lo geográfico. Creen que la manera de resolver los problemas es ocupando las instituciones. En esta situación, una nueva visión ha de ser adoptada, de tal forma que la realidad y la política puedan acompasarse. Por todas las razones hasta ahora expuestas, nos encontramos ante un nuevo poder, con una nueva ordenación y nuevos contenidos: el nuevo patrón de construcción del poder está compitiendo con el viejo. Hay una nueva jerarquización relacional, donde importan más las búsquedas en Google del individuo que sus condiciones sociodemográficas. Se trata de enfatizar el visualthinking como fuente de conocimiento del individuo.

En este contexto, las voces serán más importantes que los votos.

Extracto del uda ikastaroak “La política twitteada: el alcance de la participación ciudadana a través de las redes sociales“, intervención de Antoni Gutiérrez Rubí, IDEOGRAMA – Consultor político. 

El impacto de internet en la democracia: un nuevo contexto

Las redes sociales e internet han modificado y seguirán modificando la práctica política, creando incertidumbres y haciendo obsoletas las prácticas tradicionales. Hay un salto tanto cuantitativo como cualitativo materializado con el uso del internet como medio de comunicación no tradicional. Ha logrado combatir la escasez de información para dar paso al exceso, creando una audiencia activa.

Los medios tradicionales de comunicación son aduaneros, vigilan la frontera entre el espacio social y el espacio público. La supresión de esta frontera ha sido la mayor innovación que ha conllevado el uso masivo de internet. En sí, internet no fue pensado como procedimiento para que un emisor transmita un mensaje a una masa pasiva; sino que conecta sujetos que son a la vez emisores y receptores de la información, haciendo que la esfera pública y privada sea difícil de separar. Ello ha conllevado la desjerarquización y horizontalización de la sociedad. La distinción entre el profesional y el aficionado, entre actores y audiencias, entre redactor y lector cada vez es más difusa. El espacio público ya no es gestionado por los periodistas y los profesionales de la política. Se está configurando una suerte de panoptismo horizontal, donde todos los individuos tenemos la posibilidad de ver todo.

Por otra parte, la descentralización de internet viene dada por la conectividad ilimitada que posibilita. Las grandes redes carecen de un centro por cuanto priman su extensión por encima de cualquier otro tipo de organización. Por su propia naturaleza extensiva, las redes son incontrolables, cuestionan la autoridad vertical y la estructura jerárquica tradicional. Favorecen la observación, la colaboración y la auto organización sin necesidad de una autoridad central.

Las nuevas tecnologías han hecho que nuevos temas logren entrar en la agenda-setting. La desigualdad que crea la nueva brecha digital es uno de ellos. Los internautas se mueven en un espacio horizontal, pero sería una ilusión pensar que todos los que intervienen en internet lo hacen en igualdad de condiciones: mejor software, mayor formación, mayor capacidad para procesar la información, etc., son cualidades que configuran un espacio desigual. Se ha creado un mundo de ricos y pobres en datos producidos y recibidos. No todos tenemos el mismo acceso a los datos. Si bien los bancos de datos son públicos, no todos los individuos tenemos la misma capacidad para gestionarlos. El ecosistema del Big Data crea una gran desigualdad, por cuanto quien tenga el poder de manejar los datos, tendrá el poder de fijar las reglas del juego para su utilización.

Con este escenario, cabe pensar que cada vez más la agenda-setting está al servicio de las preferencias ciudadanas expresadas en este tipo de medio de acción política no convencional. Se crea entonces, desde una perspectiva neoliberal y al mismo tiempo libertaria, un mercado de necesidades y preferencias al que han de atender los políticos. El Big Data, en este sentido, encierra una visión enormemente conservadora que sus algoritmos confirman. Estos instrumentos no permiten escapar de la regularidad del pasado de cada individuo. Se presentan a sí mismos como neutrales, pero hay que tener en cuenta la irrupción de los cambios en nuestros gustos, nuestro pasado desigual, etc. Detrás de los datos hay estrategias de comunicación, hay dinero y hay poder, por lo que crear la reputación de un individuo o ente a partir de los mismos puede ser peligroso.

Hoy en día, coexisten la lógica web y la del espacio público tradicional; existen al mismo tiempo movimientos sociales y partidos políticos tradicionales. Internet, en general, es un medio deficiente a la hora de organizar el proceso de toma de decisiones. Como herramienta, favorece la movilización, la agregación de opiniones y la heterogeneidad de actores con un coste muy bajo de entrada y salida, por lo que puede llegar a complementar las funciones del espacio público tradicional, que facilita la toma de decisiones y la organización. Las comunidades creadas a través de la web son comunidades débiles. Detrás de todo ello persiste la idea de que somos una sociedad que constantemente interactúa con la lógica mercantil.

Las instituciones políticas tratan de utilizar las redes en su beneficio, modificando lo menos posible su microclima, su universo horizontal, centralizado y jerárquico. Tratan de moldear internet a su estructura tradicional. Por ello, evitan animar el debate sobre el uso de las nuevas tecnologías. El objetivo principal es dar sensación de cercanía e inmediatez para con el ciudadano, pero no deja de ser una mera simulación. La red tiene dos principales propiedades: (i) no se deja dirigir fácilmente –caso Ikea– y (ii) no es un instrumento adecuado para la toma de decisiones públicas. Las consultas por internet carecen de espontaneidad y son totalmente imprevisibles, por lo que normalmente no han dado buenos resultados, bien por falta de participación o bien por falta de legitimidad institucional de las nuevas voces que emergen de tales estructuras de decisión.

Con todo ello, cabe preguntarnos ¿qué tipo de comunidad estamos creando? La mercadotecnia es cada vez más relevante, por lo que una comunidad de clientes puede convertirse en una realidad. El determinismo digital y tecnológico es un fenómeno con el que tenemos que tener cautela, por cuanto los problemas políticos no pueden ser resueltos por máquinas.

Extracto del uda ikastaroak “La política twitteada: el alcance de la participación ciudadana a través de las redes sociales“, intervención de Daniel Innerarity Grau, Director de Globernance (Gobernantza demokratikoaren institutua).

Curso de verano. La empresa como modo de innovación social: La promoción de los Derechos Humanos en el comercio internacional.

Durante los días 14 y 15 de julio la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en colaboración con el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance y en el marco del proyecto europeo Human Rights in Business, organizan el curso de verano La empresa como modo de innovación social: la promoción de los DDHH en el comercio internacional.

El mencionado curso cuenta con la dirección de dos grandes nombres del Derecho Internacional Público y Privado, con los que he tenido la grandísima suerte de compartir mis horas de trabajo:

Juan José Álvarez es Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, ha sido director académico del centro de la UNED en Bergara durante más de 10 años, y ha dirigido otros tantos cursos y conferencias nacionales e internacionales. Secretario General del Consejo Vasco del Movimiento Europeo de 2003 a 2010, desde éste último año es también Secretario de Globernance, y como tal, coordinador del proyecto HRs in Business. Es además miembro del Comité Académico del Observatorio Jurídico transfronterizo hispano-francés.

Katerina Yiannibas es Profesora de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad de Deusto. Su área principal de investigación es la resolución de conflictos internacionales; en particular, los métodos alternativos de resolución de conflictos, arbitraje, mediación, conciliación y negociación. Es miembro del New York State Bar y mediadora certificada. Ganó el premio Harlan Fiske Stone mientras cursó su Doctorado en la Universidad de Columbia. Es la Project Manager de HRs in Business.

Los principales objetivos del curso son, fundamentalmente, reflexionar y debatir constructiva y transversalmente sobre la controversia actual en torno a la responsabilidad corporativa de las empresas y su relación con los DDHH, sensibilizando e involucrando a los diversos stakeholders -juristas, empresarios, abogados, trabajadores, ONGs, estudiantes, etc.-. De esta manera, se tratará de reinventar y redefinir el alcance de la empresa como modo de innovación social y económica considerando, sobre todo, el papel de las PYMEs en el marco internacional. Por último, se pondrán sobre la mesa los distintos desafíos jurídico-técnicos, económicos y éticos actuales, y se harán las propuestas concernientes a sus posibles soluciones.

Es, por tanto, una oportunidad no sólo para profesionales y/o académicos relacionados con el Derecho o la Administración y Dirección de Empresas, sino también para aquellas ONGs, miembros de asociaciones estudiantiles o público en general que esté interesado en la materia de DDHH.

Como plato fuerte del programa del curso cabe destacar, de entre todas las actividades, el Debate abierto social: las consecuencias sociales del TTIP, continuando así con una de las últimas conferencias que se desarrollaron en el marco del proyecto paralelo, European Dialogues. Maria Carmen Gallastegi (Catedrática de Teoría Económica, UPV/EHU), José Ramón Mariño Castro (Economista, Comisión Nacional del TTIP de ATTAC) y Pablo Paisan Ruiz (Abogado, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira) serán los encargados de liderar este debate, cuya temática es controvertida a la par que sumamente actual.

Para matricularse en el curso, ver aquí el formulario y las tarifas.

Personalmente, como parte indirectamente implicada en el proyecto HRs in Business, creo que el Curso de Verano es una manera muy dinámica de abordar los resultados de profundas investigaciones que se llevan desarrollando desde septiembre de 2014 por múltiples investigadores de distintas Universidades europeas. Tanto en materia de Derecho Internacional Privado (jurisdicción, mecanismos extra-judiciales de resolución de conflictos y ley aplicable), como de Derecho Internacional Público (responsabilidad internacional de las empresas transnacionales y standards of care) se ha abierto un nuevo horizonte donde el cuestionamiento del desarrollo legislativo europeo es la principal línea de acción. Ahora comienza una etapa de implementación donde la meta es conseguir  que hablar de Derechos Humanos y responsabilidad extracontractual de las empresas no sea algo ajeno a la sociedad civil. Cada vez hay más trabajadores de grandes empresas multinacionales que desconocen la tutela judicial efectiva que les asiste en caso de violación de sus Derechos Humanos.

FACEBOOKISTAN (OR THE NATION OF FACEBOOK)

FACEBOOKISTAN

It is pretty curious how the Facebook Inc. creators and some employees refer to the corporation as a tool for increase the openness of its on-line social networking service and improve connections between people worldwide (1). Mark Zuckerberg’s (2) website was launched in 2004, and since then, the community of users has increased to account for 2 billion people. This means that if Facebook were a nation, it would be the most populated in the world (3).

Its functions are simple to understand: once a certain user is registered, he or she would be able to create his or her own profile, add other users as “friends”, post status updates, share photos or videos, exchange “private” and public messages, etc. Users can join common-interest user groups indeed (4). However, as soon as providing personal information is needed, several questions may come to us: What does Facebook do with all these pieces of information? What are the rules in this nation of Facebook? What are the consequences if anybody would breach them?

These are some unsolved inquiries that Facebookistan tries to bring forward.

FACEBOOK AND THE RIGHT TO PRIVACY IN THE DIGITAL AGE

As a Multinational Corporation (MNC), Facebook has more control over human, natural and financial resources than some of the States in which it operates (5). In addition, it is not bound by UN principles and other International Agreements held between those same States. Corcerning the right to privacy, international Human Rights law provides an universal framework for their promotion and protection (6). It is enshrined by several instruments, being outlined in its capital importance the article 12 of the UDHR. According to it, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence […] Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks (7).

This statement contrasts with the fact that every Facebook user is being tracked without their conscious consent and all his or her movements are kept on record for roughly 20 years. The company leverages the extremely complex Privacy Policy that it offers to its users, who accept the Terms even before reading it. Furthermore, nobody is able to know what happens in its background or who is the responsible for the events that occur in it.

What Facebook doesn’t say is that it gets further data than those particularly provided by a certain user, associating him or her with a group of people that the individual is related to. Michal Kosinski’s computing model demonstrated that psychological and demographic statements could be guessed by the Likes people click, indeed. This means that a sort of arbitrary surveillance and collection of personal data is being accomplished, while users lose control of all their information flowing through the internet.

Resolution 68/167, adopted by the UNGA in December 2013, expresses this deep concern at the negative impact that surveillance and interception of communications may have on Human Rights. As highly intrusive acts, these activities violate the rights to privacy and to freedom of expression, being both essential pillars of modern democratic society.

Facebook knows how poweful information is, not only for governments but also for other companies. Following the rational choice theory, the principal aim of Facebook is to have the monopoly on data as personally specific as possible, over many years. In fact, in 2014, Facebook made 10 dollars per user, reaching a maket value estimated in 200 billion dollars, according to EDRi recent studies. Such a ‘success story’ is directly tied to the surveillance practices discussed earlier, therefore, its misuse and the violation of the right to privacy and the right to be forgotten have to be seen as the cornerstone of the Facebook Business Model and as such, as an element unlikely to change on its own.

FACEBOOK AND THE FREEDOM OF SPEECH

As said before, Facebook has the power to violate Human Rights directly, assisting in trespasses, failing to prevent them, remaining silent or simply operating in States that systematically violate Human Rights (8), as we can see in the case of the Turkish Halklann Demokatik Partisi, where the media, in favour of the ruling party, prevents the proliferation of support actions for the Kurdish PKK-movement.

As the article 19 of the ICCPR (9) disposes, everyone shall have the right to hold opinions without interference and the right of freedom of expression, which includes the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds […] through any media of his choice. However, this exercise carries with it special duties and responsibilities, e.g., the freedom of speech is subject to several restrictions provided only by law; these are (i) the respect of the rights or reputations of others and (ii) the protection of national security or of public order, health or morals.

Censorship is the most striking limitation of these rights. To be legal, it must be justified in non-discrimination terms, so that the same censorship has to be applied in similar circumstances. The breach of this general principle is what Peter Ovig denounces in his book The Danish Case. Facebook has the monopoly for interpretation and enforcement its Community Standards, written in deliberately indeterminate terms. Only if users respect and carefully construe these rules, they would be able to stay in Facebook. Otherwise, a procedure for the appeal of decisions is not at their disposal. This implies that users are owed to censor themselves, having the CS negative implications on the independence of these individuals.

The problem is that Facebook has become the mainstream media, and as such, has prevented some silent collectives from expressing themselves. Examples of these are the #MyNameIs coalition, the SNHR or other kinds of activism. Also for professional aims, either individual or collective, as promotion, advertising or attracting the general public attention, Facebook is an indispensable tool, as for many entrepreneurs being left out would be a step backwards.

Taking into account these wide range of utilities, the existence of Content Moderators becomes fundamental. These are normal workers hired by Facebook, and the ones responsible for deciding whether user-contributed content transgresses the CS or not. Owing to this, there lies the risk that the CS would be interpreted differently, according to the employees’ beliefs, preferences and values. In addition, these workers have long shifts and their payment is based on the content reviewed, so this frantic speed expected from them often makes them click on the wrong button, rendering this system not very accurate at all. Finally, attention must also be paid to the private police of Facebook, who are the users themselves. They enforce the terms of service and are able to report each other based on their personal considerations, with no democratic legitimacy whatsoever.

CONCLUSION: THE FACEBOOK’S LEGISLATIVE GAP

Nowadays, the system of justice in Facebook is completely dysfunctional. The Office of the Data Protection Commissioner in Ireland is responsible for claims against huge companies such as Apple, Google or Facebook in Europe. However, claimants can always move their cases to their national courts as consumers (10). With the recent occurrences, the Court of Justice of the EU has also become involved, having ruled in favour of the victims. In fact, in October 2015, the CJEU ruled that the data transfer pact, known as safe-harbour between the US an Europe was invalid, and that European citizens’ privacy had been breached by the NSA’s mass-surveillance programme (11). Facebook an other US companies operating in Europe can no longer transfer unlimited amounts of data to US without consulting National Data Protection Agencies.

For that reason, in the International scenario, Resolution 68/167 calls upon the States to take measures to put an end to violations of those rights and to create the conditions to prevent them. Those include, but are not limited to, ensuring that relevant national legislation complies with their obligations under international human rights law; and establishing existing independent, effective domestic oversight mechanisms capable of ensuring transparency and accountability for State surveillance of communications, their interception and the collection of personal data.

The need to provide an effective forum for victims looking for redress rises as urgent, as Max Schrems case and his platform (Europe v. Facebook) has demonstrated. In this field, there is ample room for research, where Public and Private International Law have a main role. Special attention must be paid to the recent developments in US doctrine and case law, given the fact that the US Alien Tort Claims Act has played a key role in attracting to the US many cases against corporations for violations of Human Rights. Jurisdictional issues -Human Rights litigation and non-judicial redress mechanisms-, applicable law issues and MNCs national and international obligations and standards of care are new legislative challenges which we must face, not only at the EU level, but also facilitating the access to EU-Members state courts for victims outside Europe (12).

On the other hand, people have the right to be forgotten if they so consent and the right to preserve their personal information, limiting its use and preventing the occurrence of abuses as Paolo Cirio’s experiment showed. In this sense, governments should ensure that communication surveillance regimes are consistent with Human Rights standards, committing further to specific areas of increased control and transparency. The notion of freedom we have in the Western Society is based on the idea that we can hide information from the others. Nonetheless, currently those values are disputed.

As George Orwell wrote in 1984: if you want to keep a secret, you must also hide it from yourself.

References

(1) See https://www.facebook.com/facebook/info/?tab=page_inf
(2) Notice that Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz and Chris Hughes were the co-funders of the website.
(3) See http://youtube.com/whatch?v=JCyO5uT9XfU
(4) For further information, http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
(5) Kieserman, B.J. (1999), “Profits and principles: promoting multinational corporate responsibility by amending the Alien Tort Claims Act”, The Catholic University Law Review, Vol. 4, Spring, p. 881.
(6) See http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx
(7) Universal Declaration of Human Rights, United Nations Department of Public Information, NY. Resolution 217 A (III) 10th December 1948, Paris.
(8) Clapham, A., & Jerbi, S. (2000). Categories of corporate complicity in human rights abuses. Hastings Int’l & Comp. L. Rev., 24, 339.
(9) International Convenant on Civil and Political Rights. General Assembly Resolution 2200A (XXI) 16th December 1966, UN Headquarters, NY.
(10) Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I bis), article 7.2.
(11) See CJEU’s Decision Invalidates Safe Harbor (October 2015)
(12) For further information, http://humanrightsinbusiness.eu/