El “Escudo de Privacidad” en tela de juicio.

En verano del año pasado, el acuerdo Privacy Shield entre la UE y EE.UU. vino a sustituir, por orden expresa del TJUE, al acuerdo Safe Harbor. Basado en un mecanismo de auto regulación, el “Escudo de Privacidad” permite hoy en día a 1.969 empresas tecnológicas estadounidenses garantizar al ciudadano europeo que sus datos serán protegidos en la nube. Y cuando se dice “protegidos”, quiere decir que no formarán parte de softwares como Prism o Upstream, utilizados por agencias gubernamentales de EE.UU. -entre ellos, la NSA- en sus funciones de vigilancia masiva.

No obstante, los legisladores europeos no tuvieron en cuenta una variable inesperada, quizás, pero fundamental en su hipótesis de trabajo: el factor Trump.

El pasado 25 de enero, el actual Presidente de EE.UU. adoptó la Orden Ejecutiva de Seguridad Pública, por la que autoriza a las agencias y departamentos ejecutivos a vigilar y tratar los datos de todos aquellos que no sean ciudadanos estadounidenses; esto es, “inmigrantes que viajan a EE.UU. para cometer crímenes“, a quienes, en principio, la ley de protección de datos estadounidense les excluye.

Es lógico que ante la ausencia de especificidad en lo que podríamos denominar el target group de dicha medida, la Comisaria Europea Jourová haya viajado a EE.UU., buscando unas aclaraciones que, al menos, aún no se han hecho públicas -si es que las ha habido-. La vaguedad de las declaraciones de Trump, por suerte o por desgracia, no nos pilla de imprevisto.

Y mientras ¿qué ocurre con nuestros datos?“, es una pregunta que me hago reiteradamente. De momento, las cosas siguen igual que hace 6 meses, hasta que se demuestre lo contrario; es decir, hasta que la próxima revisión de la aplicación y el cumplimiento del acuerdo por parte de la Comisión Europea, prevista en septiembre de este mismo año, demuestre que las agencias estadounidenses siguen rastreándonos en la red, leyendo nuestros “mensajes privados”, haciendo estudios a partir de los datos que decidimos, a veces inconscientemente, escribir en una red social cualquiera, etc.

No hay que olvidar que, por encima del derecho a la protección de datos, está la economía. El comercio digital transatlántico está valorado en 260 billones de dólares, lo que equivaldría a multiplicar por 200 veces el PIB del propio EE.UU.

Por tanto, el mapa que se nos presenta alinea, por un lado, a los gigantes tecnológicos, que quieren mantener su cuota de mercado en una región de altos niveles de desarrollo, y la Comisión Europea, que trata de que, en plena época de mareas y tribulaciones, el Privacy Shield salga a flote. [Por cierto, una cuestión a considerar será el papel de Reino Unido en esta nueva etapa, qué tipo de acuerdos firmará con la UE y con EE.UU. y la posible relación triangular.] Por otro lado, está EE.UU. y, lo que es aún más relevante: Trump y su afán proteccionista. Ciertamente, podría inferirse, mediante una simple relación de fuerzas, que los primeros tienen todas las cartas para ganar. Pero la reciente imprevisibilidad del Ejecutivo estadounidense puede sorprendernos de nuevo…

 

 

 

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